Investigadores de la UCA señalan que existe un bajo acceso de las personas discapacitadas a la Universidad

25/jun/2012 | SAEcompartir noticiaimprimir

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Este estudio, financiado por el SAE y amparado por el programa Euroempleo, indica como ésta menor formación universitaria redunda en empleos poco cualificados para el colectivo. Se propone una norma integradora sobre discapacidad y estudios más concretos sobre estas personas para mejorar dicha situación

Las profesoras de la UCA dedican en su informe al acceso de los discapacitados a la Universidad.

Las profesoras de la UCA dedican en su informe al acceso de los discapacitados a la Universidad.

Las profesoras del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Cádiz (UCA), Eva Garrido y Carmen Ferradans, han realizado una investigación titulada ‘Discapacitados, Universidad y Empleo’ dentro del programa Euroempleo promovido por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Dicho estudio, que analiza sobre todo estadísticas de personas discapacitadas a nivel andaluz, concluye que, pese a las distintas acciones y políticas de discriminación positiva para el colectivo, actualmente existe un escaso acceso de los discapacitados a las Universidades lo que se traduce en la generación, mayoritariamente, de un empleo poco cualificado para este grupo de personas.

Según cifras del Servicio Andaluz de Empleo, a lo largo de 2010 en la provincia de Cádiz se crearon 4.669 contratos para personas con discapacidad. De estos contratos, 3.980 se registraron en el sector servicios. El gran peso de esta actividad económica en la contratación a personas con discapacidad ha sido recogido, igualmente, por el citado estudio de la UCA. Asimismo, tanto las cifras de contratación obtenidas del SAE para el año 2010 como las aportadas en el estudio de Garrido y Ferradans (cuya fuente es la Encuesta de Población Activa, EPA, del primer trimestre de 2011, para discapacitados en Andalucía) coinciden en señalar como ocupaciones más contratadas las vinculadas al personal de limpieza de oficinas, hoteles –camareras de piso- y establecimientos similares. Así, según el SAE, el 19,3% de la contratación a discapacitados en Cádiz durante 2010 fue generada por esta ocupación. Entre el resto de actividades más contratadas mencionadas en ambas estadísticas encontramos peones de las industrias manufactureras; camareros y trabajadores de los servicios de restauración; dependientes; y otros puestos administrativos.

En el apartado que las profesoras de la UCA dedican en su informe al acceso de los discapacitados a la Universidad, pese a las medidas que intentan facilitar esta incorporación (como la gratuidad de la enseñanza para el colectivo o el cupo de reserva de plazas, todo regulado desde el punto de vista normativo), los discapacitados con estudios universitarios terminados rondan el 7,2%, con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Este mismo porcentaje para la población general (incluyendo tanto a personas con alguna discapacidad como a aquellas que no la tienen) es de, aproximadamente, el doble en Andalucía.

En función de las causas de discapacidad, acceden menos a la Universidad las personas con deficiencias del lenguaje, del habla y mentales. Con todo, las investigadoras de la UCA establecen que, de unos años a esta parte, la cifra de estudiantes con discapacidad experimenta un crecimiento constante en todas las Universidades andaluzas. Además, sobre las titulaciones más demandadas, un estudio del Defensor del Pueblo Andaluz fija que los estudios de Magisterio, Derecho y Ciencias Empresariales son los más solicitados en Andalucía por este grupo de personas.

La investigación ‘Discapacitados, Universidad y Empleo’ destaca que en los últimos años se han adoptado diversas normas para favorecer el acceso de personas discapacitadas a la Universidad. Pese a ello, sus autoras consideran, en función de este estudio, que sería necesario, para mejorar la situación existente en la actualidad, adoptar toda una política universitaria en torno a la discapacidad para dar coherencia y unidad a las distintas acciones desarrolladas por cada Universidad andaluza. Entre las propuestas concretas para lograrla, se apunta a la realización de estudios estadísticos sobre los discapacitados matriculados en los centros; estudios de accesibilidad; y a la creación de una norma general sobre discapacidad que armonizara en un único texto legal las disposiciones dispersas entre los diferentes ordenamientos jurídicos.

Una persona de cada diez se ve afectada en la Unión Europea por alguna forma de discapacidad, lo que supone unos 38 millones de personas, de las cuales la mitad (19 millones) se encuentra en edad de trabajar.

Programa Euroempleo

El estudio ‘Discapacitados, Universidad y Empleo’ se encuentra dentro del proyecto de la Universidad de Cádiz denominado ‘Análisis y Respuestas sobre Igualdad y Empleo en la Unión Europea’, coordinado por la profesora Nieves Gómez-Aguilar. Dicho proyecto, subvencionado por Euroempleo, ha contado con un plazo de realización de 18 meses, desde octubre de 2010 hasta junio de 2012. Además de profundizar en el empleo de las personas discapacitadas, también se ha estudiado el caso de las minorías étnicas o mujeres trabajadoras. El proyecto ha contado, asimismo, con la celebración de jornadas e implantación de buenas prácticas en materia de igualdad. A este respecto, tanto los investigadores como los servicios de empleo de la UCA han colaborado con personal de la Universidad de Pisa (Italia) y la de Bangor (Reino Unido), fomentando el trabajo en red y la puesta en común de información entre los equipos de las tres universidades.

El programa Euroempleo está cofinanciado entre el Servicio Andaluz de Empleo y el Fondo Social Europeo, y regulado en Andalucía por la Orden de 5 de octubre de 2009. Como viene recogido en dicha norma, se enmarca dentro de la cooperación transnacional por la que aboga la Unión Europea. El intercambio de información sobre las políticas activas de empleo de otras regiones europeas constituye una oportunidad para mejorar las políticas de empleo andaluzas. Así, se entiende la transnacionalidad como proveedora de mecanismos para crear más empleos y de mejor calidad (o mayor estabilidad) en el territorio andaluz.

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